La Ley de Educación de Armengol vulnera las sentencias del Supremo y el Constitucional al imponer el catalán

La Ley de Educación de Baleares que ahora ha iniciado su tramitación parlamentaria contradice diversas sentencias judiciales que se han producido en Cataluña por dejar el español como residual y practicar la inmersión lingüística en catalán. También es contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional. La ley balear que ha presentado el Govern del pacto de izquierdas que preside la socialista Francina Armengol, salvo cambios durante su debate en el Parlament, posibilita que el 100% de las materias se impartan en catalán.

En diciembre del pasado año, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó una histórica sentencia en la que obligaba a todas las escuelas  públicas de la comunidad a dar un 25% de las asignaturas en castellano. Esta resolución todavía no se ha aplicado. En marzo del presente año emitió otra sentencia en la que en base al mismo criterio tumbaba dos proyectos lingüísticos de dos colegios que solo contemplaban el catalán como lengua vehicular.

Aparte está la doctrina del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Supremo que obliga a contemplar el castellano como lengua vehicular en la enseñanza en una proporción razonable.

Antes de todos esto está la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional que marca la obligatoriedad de que las administraciones donde existe otra lengua oficial al margen del castellano garanticen que éste sea lengua vehicular en la enseñanza. Por esta sentencia se declaró inconstitucional buena parte del Estatuto de Autonomía de Cataluña y en la misma se decía que “el castellano no puede dejar de ser también lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza”.

La Ley de Educación de Baleares aprobada por el Consell de Govern el pasado mes de mayo blinda la enseñanza en catalán y relega el castellano a un segundo plano. El PSOE es consciente de que esta ley puede ser tumbada por la Justicia y por ello ha intentado introducir una enmienda a su propio proyecto con la finalidad de dar más presencia al español en la enseñanza. Sin embargo, la formación soberanista Més, socia del PSOE en Govern, ha rechazado de forma rotunda la enmienda que de momento no figura en el texto que ahora está tramitando el Parlament.

El primer proyecto de Ley de Educación presentado por la Conselleria de Educación, en manos del PSOE, equiparaba el catalán al castellano, algo que indignó a los socios soberanistas de Més en el Ejecutivo. La Conselleria de Educación que preside Martí March tuvo que rectificar. Modificó la ley e introdujo nuevos artículos para reforzar la imposición del catalán en la educación.

La Ley Balear de Educación se apoya en la Ley Celaá, la Lomloe, que tras aceptar una enmienda de PSOE, ERC y Podemos, quitó el español como lengua vehicular en la enseñanza. En el texto que ahora tramita el Parlament, el castellano desaparece como lengua vehicular, una categoría que sólo se le concede al catalán. Se afirma en el proyecto de ley que el catalán es la lengua vertebradora de la enseñanza. El castellano queda como lengua de enseñanza y aprendizaje, lo mismo que el inglés.

En otro artículo, el 133, se especifica que “se debe garantizar el uso de la lengua catalana, propia de las Islas Baleares, como lengua de enseñanza y aprendizaje, al menos, en la mitad del cómputo horario escolar con el objetivo de asegurar el proceso de normalización lingüística”.